Ricardo Ragendorfer
Más allá de sus reivindicaciones específicas, los estudiantes acaban de dar a la sociedad argentina una verdadera lección de democracia. Claro que eso es un hecho político.
Había que ver al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, atajar los penales que durante su presentación en la Legislatura le lanzaban diputados de la oposición, alumnos, padres y docentes. Había que ver cómo, al cabo de casi cinco horas de sesión, con gotas de transpiración que le caían desde la frente y ya con un tono rayano en el balbuceo, desempolvó su último argumento: “En los establecimientos sin gas pusimos caloventores, los cuales serán remplazados en el verano por estufas.”
La risotada, entonces, fue general.
Ya se sabe que la política es el arte de lo posible. Tal concepto es tan básico que hasta un raciocinio como el de Mauricio Macri pudo llegar a entenderlo, y sin la ayuda de su gurú espiritual, Jaime Durán Barba. De hecho, la actitud de su gobierno ante la educación parece ser un reflejo de ello. Porque si bien el área abocada a esa actividad cuenta con un presupuesto no menor, su uso da pie a la grosera triquiñuela del desvío. En resumidas cuentas, la suma sobrante de las partidas subejecutadas –un 35% en 2009 y el 7,36 en lo que va del año– termina en las arcas de Rentas, y al año siguiente se emplea para financiar proyectos mucho más importantes, como las playas secas –solares con arena, sombrillas y reposeras en sitios sin mares ni ríos– y las ya célebres bicisendas.
Aunque no sería justo soslayar ciertos guiños oficiales hacia los estudiantes; por caso: la entrega de plasmas para ver durante el Mundial los partidos de la Selección en una escuela que tenía cortado hacia cuatro meses el servicio de electricidad. Los protagonistas de semejante episodio fueron el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el propio Bullrich. Ahora, frente la rebelión estudiantil –que se tradujo en 27 colegios tomados–, ambos apelaron a una reacción propia de la dictadura. Pero –bien al estilo del PRO– en paso de comedia.
Mientras el primero de ellos revelaba la “infiltración chavista” en el seno de los secundarios, el otro, a través de un memorándum exigía a las autoridades de los colegios confeccionar listas negras de activistas.
Como era de suponer, tal directiva generó una oleada de repudios, además de una lapidaria anulación judicial firmada por la magistrada Elena Liberatore, quien la consideró propia de gobiernos “que repugnan la dignidad humana”.
Durante su presentación en la Legislatura, Bullrich diría al respecto: “Fuimos malinterpretados; de ningún modo se quiso perseguir a nadie sino garantizar la seguridad de los alumnos.” En dicha ocasión, también denunció el “contenido político” de las tomas, y lo hizo con la indignación de quien supone que tal actividad está vedada para los jóvenes.
Lo cierto es que ellos, más allá de sus reivindicaciones específicas, acaban de dar a la sociedad argentina una verdadera lección de democracia. Claro que eso es un hecho político. Y ejercido de un modo más sólido y eficaz que el de otros sectores sociales o gremiales, ya que los estudiantes actúan, argumentan e incomodan al poder porteño sin sucumbir ante intimidaciones intolerables. “Vamos a seguir luchando para mejorar la educación pública –adelantan desde la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios–, vamos a conseguir las reformas edilicias, las becas y viandas; vamos a derrotar a la persecución y, además, vamos echar a Macri.” Claro que los pibes están haciendo política, porque están defendiendo su vida y el futuro.
Ello, visto desde cierta óptica, es un logro de Macri. En particular, por haber delegado la gestión educativa en un sujeto cuya única experiencia en el rubro fue haber impartido, durante tres semanas, clases de matemática en un asilo de huérfanos en Nicaragua, por cuenta de la Fundación Padre Fabretto, una ONG financiada por la CIA.
Es cierto que tras la breve gestión –once días y medio– de Abel Posse, cuya ideología está a la derecha de Atila, el nombramiento de este muchacho de apariencia afable fue como una bocanada de aire fresco. De 40 años, fruto de una familia tradicional, sobrino segundo de Patricia Bullrich y licenciado en Sistemas por la Universidad Caese, Bullrich tuvo la suerte de que el espantoso peso de su predecesor le augurara un plácido debut. Tanto es así que también pasó inadvertida la calaña de sus más estrechos colaboradores; entre ellos, su mano derecha, Pablo Walter, un ex legislador tucumano ligado al represor Antonio Bussi. También lo acompañan ex funcionarios menemistas que pilotearon las privatizaciones y delegados civiles de la Iglesia Católica.
En ese contexto, no fue extraña la censura que aplicó sobre los textos elaborados para el Bicentenario por profesionales de la Dirección de Currícula. Es que al ministro le parecieron “muy influenciadas por Antonio Gramsci”. Esas fueron sus exactas palabras al respecto, y quizás las dijo tras acceder a un resumen de su obra, especialmente concebido para analistas de sistemas.
Ahora ese hombre debe lidiar con el torbellino estudiantil.
A pesar de que los pibes tal vez sueñen con cambiar el mundo, la elocuencia de sus argumentos está depositada en el pragmatismo. Así pudieron jaquear el discurso imperturbable de la gestión del PRO, dado que no reclaman más una reivindicación administrativa: la ejecución de las partidas para reformar y mejorar los edificios escolares.
Con encomiable cintura dialéctica, le reclaman a Bullrich que cumpla con lo que promete por televisión. Nada menos que eso los lleva –a regañadientes del ministro– hacia la mesa de las negociaciones.
Ya se sabe que la política es el arte de lo posible.
