Las Malvinas son argentinas

“No es fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales”. Con estas palabras, en un memorándum de 1936, el Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, admitía que no tenía argumentos para sostener la potestad de las islas Malvinas frente al reclamo argentino. Todavía faltaban 29 años para la resolución 2065 de la ONU que encuadró el caso dentro de la cuestión colonial e instó a los dos países a negociar, algo a lo que el Reino Unido se negó de manera sistemática; y 46 años para la derivación más dramática del diferendo: la guerra de 1982.

Un repaso por los archivos del Foreign Office sobre la cuestión Malvinas permite constatar que los propios británicos no ha tenido capacidad de hacer valer por la ley la ocupación de 1833. Y desmonta, además, los argumentos de espadas del macrismo como Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet. ((Página 12 hoy))

Demostrar que Gran Bretaña tiene derechos legales sobre un territorio que está en nuestra plataforma marítima (y a 13.000 kilómetros de las costas inglesas), que pertenece a un territorio reclamado por España y ratificado por el tratado de Tordesillas desde 1494, que tenía población y gobierno (Vernet) y fue tomado por las armas, es muy complicado. Salvo para alguna/os política/os argentina/os o como Beatriz Sarlo que lo sostiene porque las Malvinas se parecen al sur de Escocia.

En el curso del siglo XVII las Islas Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones que se aventuraban en los dominios españoles a riesgo de la reacción y las protestas que España efectuaba cuando tenía noticias de tales expediciones. Pero toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscri-pt os en este período, como el Tratado "Americano" de 1670, entre España e Inglaterra.

La Paz de Utrecht, firmada en 1713, aseguró la integridad de las posesiones de España en América del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur. Inglaterra aceptó dichas cláusulas como signataria de los acuerdos de Utrecht y de tratados posteriores del siglo XVIII que lo ratificaban. 

En 1790, con la firma del tratado de San Lorenzo de El Escorial, Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas tanto orientales como occidentales de América  Meridional ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España, cual era el caso de las Malvinas.

La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, que llegaron a un total de treinta y dos, fue continua hasta el año 1811, en que la guarnición de Puerto Soledad fue requerida desde Montevideo para la defensa de la monarquía con motivo de la recién desatada Guerra de la Independencia. En el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos a las Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados según el uti possidetis juris de 1810.

En 1820, a pesar de las luchas internas que enfrentaba el Estado argentino, el Coronel de la Marina argentina David Jewett tomó posesión de su cargo en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello fue efectuado en un acto público en Puerto Soledad al que asistieron loberos y balleneros de varias nacionalidades, entre ellos estadounidenses y británicos, que recalaban en las islas en el desarrollo de sus faenas. La noticia fue publicada en medios de los Estados Unidos y del Reino Unido, sin que recibiera comentario oficial alguno en esos países. Tampoco manifestó Gran Bretaña pretensión alguna a las Islas Malvinas en el proceso de reconocimiento del Estado argentino, que culminó con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825.

Durante la década de 1820 los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas, incluyendo la designación de gobernadores, la legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. En este marco se fue desarrollando Puerto Soledad, cuyos habitantes se ocupaban de la cría de ganado, la caza de lobos marinos y la prestación de servicios a los buques que tocaban puerto.

El 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Malvinas. Después de haber mantenido silencio por más de medio siglo en el curso del cual se habían sucedido sin oposición administraciones españolas y argentinas en las islas Malvinas, en noviembre de 1829 el Reino Unido protestó dicho decreto, en el marco de un renacimiento de su interés estratégico en el Atlántico Sur.

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