Una contradicción (sobre Derechos Humanos)

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@EMILEO

17/07/2012#N41329

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Cristina en la reunión con la CGT al lado de Gerardo Martinez (el cual figuraba como empleado del Batallón 601 y trabajaba de informante durante la Dictadura)

Página 12

Dos organismos de DDHH denunciaron a Gerardo Martínez como agente de la dictadura

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos junto con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) presentaron como querellantes la denuncia penal para que la Justicia investigue si el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integró la "nómina del personal civil de inteligencia" del Batallón 601 durante la última dictadura militar, tal como surge de los documentos desclasificados del Batallón 601.

Graciela Rosenblum, integrante de la Liga, que se presentó ante el juzgado federal número 9 de Sergio Torres, explicó que la denuncia "en la lista del Archivo de la Memoria está el nombre de Gerardo Martínez con un número de documento. Hemos trabajado esa información y entrando a una página de internet figura el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, con el mismo documento", aclaró. Rosenblum señaló que la presentación indica que "partiendo de la base que el juez Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como asociación ilícita, solicitamos a la Justicia que verifique si estamos hablando de la misma persona (Gerardo Martínez) y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la UOCRA durante la dictadura".

La presentación también fue acompañada por la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien en diálogo con DyN admitió que "nos preocupa y queremos que la justicia investigue y que se sepa la verdad". Oscar Castro, miembro del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), resaltó asímismo que "de 1976 a 1983 perteneció a los servicios de seguridad del Estado, como personal civil de la agencia de seguridad del Estado".

Entre los denunciantes figuran, además, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Liberpueblo; la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA); el Movimiento Territorial Liberación; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), del sector de Pablo Micheli; la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA); y la CORREPI, entre otros.